La Ordenanza N° 3120/2026 fue aprobada en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante. La norma crea un régimen integral y un sistema unificado para ordenar, simplificar y transparentar los trámites de habilitación de actividades económicas en la ciudad.
El Gobierno de la ciudad de Río Ceballos avanza en un nuevo paso de modernización administrativa con la aprobación por unanimidad de la Ordenanza N° 3120/2026, que crea el Régimen Integral y Sistema Unificado de Habilitación de Establecimientos.
La iniciativa, presentada por los concejales Yohanna Pivatto y Giusepe Bosco, responde a una necesidad planteada por el Departamento Ejecutivo Municipal y demandó un amplio proceso de trabajo, análisis técnico, revisión normativa y cotejo con proyectos anteriores vinculados al sistema de habilitaciones.
A partir de esta nueva herramienta, la ciudad contará con un cuerpo normativo único para regular el procedimiento de habilitación de actividades comerciales, industriales, de servicios y otras actividades que se desarrollen dentro del ejido municipal. El objetivo es simplificar trámites, unificar criterios administrativos y técnicos, reducir cargas innecesarias y brindar mayor previsibilidad a comerciantes, emprendedores, prestadores de servicios e instituciones.
Al mismo tiempo, la ordenanza fortalece los controles esenciales vinculados a la seguridad, la salubridad, el ambiente, el ordenamiento territorial y la convivencia urbana. La simplificación administrativa no implica menos control, sino controles más claros, proporcionales y eficientes.
Uno de los puntos centrales de la norma es la creación del Sistema Digital Unificado de Habilitaciones, que funcionará como plataforma obligatoria para la gestión de trámites de habilitación, renovación y cese de actividades. Este sistema permitirá contar con expedientes digitales, registro de cada intervención administrativa, identificación de las áreas actuantes y trazabilidad completa de cada trámite.
Además, la normativa incorpora el principio de ventanilla única. De esta manera, el solicitante presentará la documentación ante la Autoridad de Aplicación, que será la encargada de coordinar internamente las intervenciones de las áreas técnicas correspondientes, evitando recorridos innecesarios, superposición de pedidos y duplicación de documentación.
La ordenanza clasifica las actividades según su nivel de riesgo: bajo, medio y alto. Esta definición permitirá adecuar los requisitos, las inspecciones y las certificaciones a la complejidad real de cada actividad y al posible impacto sobre las personas, los bienes, los trabajadores, el ambiente y la comunidad en general.
• Riesgo bajo: actividades simples, sin sustancias peligrosas ni gran concentración de público, que podrán avanzar mediante declaración jurada y quedarán sujetas a inspección posterior.
• Riesgo medio: actividades que involucren, entre otras condiciones, elaboración o manipulación de alimentos, equipamiento específico, almacenamiento relevante o recepción habitual de público, y que requerirán inspección previa.
• Riesgo alto: actividades que puedan generar impactos significativos sobre la seguridad, el ambiente o la salud pública, con inspección previa obligatoria y certificaciones técnicas específicas cuando correspondan.
Esta diferenciación permite simplificar el camino para actividades de menor complejidad, sin resignar controles en aquellos rubros que puedan tener mayor impacto sobre la comunidad.
El nuevo régimen establece etapas concretas para el procedimiento: consulta de factibilidad, presentación de solicitud, clasificación de riesgo, verificación documental, inspección cuando corresponda, resolución y emisión del certificado.
También fija plazos máximos para la resolución de los trámites, una vez presentada la documentación completa o subsanadas las observaciones correspondientes: 10 días hábiles para actividades de riesgo bajo, 20 días hábiles para riesgo medio y 30 días hábiles para riesgo alto.
Otro aspecto clave es la compatibilidad urbanística. Antes de avanzar con una habilitación, deberá verificarse que la actividad solicitada sea compatible con el régimen de uso y ocupación del suelo vigente. Si la actividad no resulta compatible con la zona correspondiente, el trámite no podrá continuar.
La normativa prevé habilitaciones definitivas, con una vigencia de tres años y posibilidad de renovación, y habilitaciones provisorias por seis meses, prorrogables por igual término, cuando existan aspectos formales o técnicos pendientes pero no se verifique riesgo para la seguridad, la salubridad pública, el ambiente o terceros.
Además, se crea el Registro Municipal de Habilitaciones, que funcionará en formato digital y permitirá centralizar información sobre habilitaciones otorgadas, renovaciones, modificaciones, suspensiones, revocaciones y demás situaciones vinculadas al desarrollo de actividades económicas en la ciudad.
Tras la aprobación de la ordenanza, el intendente Ezequiel Lemos destacó el acompañamiento unánime del Concejo Deliberante y agradeció especialmente el trabajo de los concejales que impulsaron el proyecto.
“Quiero agradecer a los concejales que asumieron el compromiso de llevar adelante este proyecto y a quienes acompañaron su aprobación. Se trata de una herramienta muy necesaria para ordenar y modernizar el sistema de habilitaciones de nuestra ciudad, fruto de mucho tiempo de trabajo, análisis y revisión de proyectos anteriores”, expresó Lemos.
“Cuando el Estado ordena sus procedimientos, también acompaña mejor a quienes emprenden, invierten y generan trabajo. Esta ordenanza nos permite avanzar hacia un municipio más moderno, más claro y más cercano, sin perder de vista la responsabilidad de cuidar la seguridad, la salubridad, el ambiente y la convivencia urbana”, agregó el intendente.
Con esta nueva ordenanza, Río Ceballos consolida un sistema más moderno, claro y transparente, orientado a mejorar la gestión pública, ordenar los procedimientos y brindar respuestas más ágiles a quienes desarrollan actividades comerciales, productivas, institucionales y de servicios.
La aprobación de esta herramienta marca un nuevo paso en el proceso de modernización del Estado municipal y en la construcción de reglas más simples, previsibles y eficientes para el desarrollo local.